Una orden impide a los agentes rurales vigilar infracciones urbanísticas fuera de los espacios protegidos.
ANTONIO CERRILLO
La Vanguardia
22 d’octubre de 2013
Rango del artículo 22 oct. 2013 La Vanguardia ANTONIO CERRILLO Barcelona
MEMORIA DEL 2 0 1 2 La Fiscalía dice que los ayuntamientos no inspeccionan obras sin licencia LA ORDEN Agricultura ordena a sus agentes que sólo vigilen n los espacios naturales protegidos PROTESTA DE LOS SINDICATOS “Ni en los años de la burbuja inmobiliaria se cuestionó nuestra competencia”
La falta de medios de los municipios para llevar a cabo las tareas de inspección hace que la mayor parte del suelo no urbanizable en Catalunya esté indefenso ante las infracciones urbanísticas. La propia Fiscalía de Catalunya denuncia en su memoria del 2012 la inacción de las administraciones en el control de la legalidad urbanística. En su queja, la Fiscalía revela que los procedimientos penales en contra de la indisciplina urbanística se abren “en buena medida por la previa ineficacia real de las actuaciones sancionadoras” que deberían imponer las administraciones, lo que lleva a los jueces a actuar. A la vez, los agentes rurales y forestales de Catalunya, un cuerpo formado por casi 500 funcionarios, han recibido la orden de la secretaría general del Departament d’Agricultura para que dejen de efectuar tareas de inspección urbanística fuera de los espacios naturales protegidos. La orden dice que los agentes rurales deben restringir su actividad en esta materia exclusivamente a los espacios naturales protegidos. La decisión ha causado el estupor de los sindicatos.
GEMMA MIRALDA Mirar el paisaje. Los agentes ya no pueden hacer inspecciones como esta, en el Bages
El control de la disciplina urbanística es competencia en Catalunya de los ayuntamientos, pero generalmente los municipios pequeños tienen pocos recursos para acometer esa tarea, por lo que queda relegada, según explica Miguel de Pablo, vicepresidente de la Associació Profesional d’Agents Rurals de Catalunya. Los ayuntamientos pueden ceder esta competencia al Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística de la Generalitat; pero la Administración catalana sólo tiene siete funcionarios para ello.
El escaso control de los ayuntamientos sobre la legalidad urbanística merece la censura de la Fiscalía de Catalunya en su última memoria. “Ante el inicio de obras realizadas sin licencia o alterando esencialmente los requisitos de la misma, es frecuente que los ayuntamientos no inspeccionen, no actúen y por supuesto no acuerden la paralización de las obras ni se aseguren de la ejecución y el mantenimiento de la paralización”, señala la Fiscalía. “Es habitual en este tipo de infracciones que el dueño de una finca empiece a levantar lo que, según él, va a ser una cabaña o almacén agrícola, pero al cabo de un tiempo ves que es una vivienda unifamiliar”, dice De Pablo.
Las tareas de vigilancia, control e inspección de las actuaciones urbanísticas en suelo no urbanizable han quedado en gran parte en manos de los forestales de la Generalitat, que han desarrollado una amplia colaboración en este campo al amparo de las competencias que les atribuye la ley del Cos d’Agents Rurals (2003) y el reglamento (decreto del 2007).
Los agentes rurales elaboraron, por ejemplo, 118 atestados contra el delito urbanístico en el año 2008 y 68 en el 2010. Prueba de este reconocimiento es que en el mismo informe de la Fiscalía se admite que la investigación fiscal contra los delitos de ordenación territorial se ha podido activar “fundamentalmente” gracias a los atestados de los agentes rurales. “Ni en los años de la burbuja inmobiliaria se cuestionó nuestra competencia”, explica Manuel Vidal, coordinador de los agentes rurales de CC.OO.
Por eso, la orden del Departament d’Agricultura para que estos funcionarios dejen de colaborar en el control de la legalidad urbanística fuera de los espacios naturales ha generado estupor entre el colectivo profesional.
La referida orden indica que la competencia inspectora y de vigilancia en materia urbanística de los agentes rurales sólo está reconocida “en los espacios naturales de protección especial” (parques nacionales, parajes naturales, reservas y parques naturales), según la interpretación expresada por Bibiana Domingo, secretaria general del Departament d’Agricultura. Ésta comunicó la orden a los altos cargos del departamento a través de un correo electrónico. Con esta interpretación, esa actividad inspectora sólo se podría llevar a cabo en un 20% del territorio catalán.
Bibiana Domingo aduce que la vigilancia de la legalidad urbanística es una función de los ayuntamientos, delegable por estos a la Generalitat, y que con la orden dada se quiere evitar que las “investigaciones sobre actuaciones ilegales puedan ser invalidadas por el juez al estimar que los agentes rurales no son competentes” en la materia. Sin embargo, Miguel de Pablo afirma que “no conocemos ninguna sentencia que diga que los agentes rurales no eran competentes para investigar una construcción ilegal”.
“Los agentes ya tienen suficiente trabajo controlando los espacios naturales protegidos”, agrega Bibiana Domingo, antes de señalar que la queja contra los agentes rurales procede del Departament de Territori i Sostenibilitat.
La verdadera razón de la decisión de “frenar” a los agentes rurales va más allá de una mera discusión jurídica. Tanto la Associació Professional d’Agents Rurals como CC.OO. y UGT interpretan que la orden es la consecuencia de los repetidos conflictos originados por diversos casos de infracción urbanística denunciados por los agentes rurales y en los que se han visto implicados alcaldes que, o bien han hecho la vista gorda a diferentes construcciones ilegales en sus territorios, o bien han sido directamente promotores de la obra, según estos sindicatos. Por ejemplo, el alcalde de El Pla de Santa Maria, Mateu Montserrat, de CiU (que ha sido denunciado ante el juez por los agentes rurales por unos vertidos de tierras en una zona forestal para construir un campo de vuelo), es uno de los que alegan que estos funcionarios no son competentes para vigilarlo. Los argumentos que da en su recurso al juez de Valls coinciden casi textualmente (con expresiones y giros verbales incluidos) con los que aparecen en el correo electrónico con la orden que ha dado el Departament d’Agricultura.
La conflictividad entre agentes y ayuntamientos ha crecido porque los forestales forman un cuerpo joven y bien formado, con una tarea tan activa que desborda la capacidad de los ayuntamientos, cuya falta de medios les lleva a hacer la vista gorda ante las infracciones urbanísticas, según expertos en la legalidad urbanística. “Los agentes rurales se han hecho incómodos para los alcaldes”, dice un alto cargo del Govern que prefiere el anonimato.
En el conflicto también influye que la ley del cuerpo de agentes rurales se redactó con un enfoque destinado a reforzar el papel y la especialización de estos funcionarios como policía ambiental (espacios, animales, ríos, bosques). Tal condición se ha consolidado: pero en los últimos años los agentes han intensificado su labor en el ámbito de la protección de la biodiversidad entrando de lleno en materia urbanística, lo que les ha hecho convertirse en agentes respetados y temidos en el territorio.
